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Podía reconocer a la mujer sentada frente a mí en ese Café en León, Nicaragua después de más de 20 años. Cuando conocí a Ana Cristina por primera vez en 1995, era una joven estudiante de derecho en la Universidad de León y una de las participantes del estudio que lideré acerca de la violencia en Nicaragua – uno de los primeros estudios poblacionales de prevalencia de la violencia hacia las mujeres y las niñas en América Latina.
El objetivo del estudio era proveer la información necesaria para persuadir a las/os legisladores de proteger a las mujeres de la violencia doméstica. A partir de entrevistas a casi 500 mujeres en 1995, descubrimos que la mitad había sido golpeada o violada por su pareja alguna vez en su vida, y que una de cada cuatro había experimentado violencia en el último año.
La historia de Ana Cristina se convirtió en un símbolo de muchas historias de mujeres que ayudaron a ilustrar el horror detrás de estas cifras: Ana Cristina se había casado a los 15 años con un hombre que las había brutalizado a ella y a sus dos hijas por años. Cuando intentó reportarlo a la policía, le dijeron que debía ser una mejor esposa. Cuando quiso dejarlo, él la conquistó nuevamente con disculpas y regalos. Sólo su abuela la alentó a dejarlo. Usando una expresión común en Nicaragua, le preguntó “Hija ¿Qué vas a hacer con confites en el infierno?”
Los resultados del estudio fueron reveladores, iniciando una ola nacional de indignación. La frase “No quiero más confites en el infierno” se convirtió en una consigna de las protestas de las mujeres nicaragüenses, y un movimiento de mujeres poderoso ganó el apoyo necesario para la nueva ley 230 en 1996 – aprobada unánimente – para proteger a las víctimas de violencia doméstica. A lo largo de estos últimos 20 años, el movimiento de mujeres, expecialmente la Red Nacional de Mujeres contra la Violencia, ha abogado por mejores leyes (incluida la Ley 779) y servicios para las mujeres y niñas que sufren de violencia, incluyendo la creación de las Comisarías de la Mujer y la Niñez, centros de atención en crisis y campañas para visibilizar la importancia de los derechos de las mujeres.
Cuando realizamos un estudio de seguimiento en León en 2016, encontramos que la violencia doméstica física se había reducido en un 70% – aún controlando por cambios demográficos como edad y educación. El nuevo estudio encontró que las mujeres más jóvenes eran mucho más propensas a buscar ayuda ante un abuso, poseían un mayor conocimiento de sus derechos legales, y tenían mucho menores probabilidades que la anterior generación de creer que la violencia hacia las mujeres estaba justificada. Con los hombres y las mujeres que no estaban repitiendo el comportamiento violento que vivieron en su infancia, nuestro estudio demostró – por primera vez – que las intervenciones en reformas legales, servicios especiales para mujeres, y la transformación de las normas sociales, con una estrecha coordinación entre la sociedad civil y los gobiernos pueden en efecto prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas a gran escala.
Es difícil exagerar las implicancias de estos resultados para otras naciones con altos niveles de violencia contra las mujeres. Cada país es diferente, por supuesto, y se necesita mayor investigación. Pero el caso de Nicaragua demuestra como los movimientos de mujeres y los gobiernos receptivos pueden tratar efectivamente un problema social que muchos creen imposible de resolver.
Pero se necesita seguimiento para mantener a raya la violencia. Cuando las naciones están en crisis o en conflicto, se manifiesta lo frágiles que son realmente las protecciones ganadas con tanto esfuerzo para las mujeres. No es una coincidencia que las líneas directas para mujeres y los refugios de violencia doméstica en todo el mundo estén informando de un gran aumento en las solicitudes de ayuda en medio de la actual pandemia de coronavirus.
Nicaragua estaba en crisis aún antes de que la pandemia comenzara. Al poco tiempo de haber finalizado la recolección de datos en 2016, el actual régimen de Ortega cerró servicios esenciales de gobierno para mujeres que estaban experimentando violencia y los espacios de colaboración entre el estado y la sociedad civil para hacer frente a la violencia se vio afectada. Hace dos años, reprimieron brutalmente protestas públicas, dejando centenares de muertos y obligando a 100.000 personas a exiliarse, incluyendo uno de los coautores de nuestro estudio. La crisis de salud pública sólo empeoró la situación. Los servicios y protecciones para las mujeres no se pueden ver afectados ante nuevas crisis, por el contrario, deberían fortalecerse.
Veinte años después de que la conocí, supe que las hijas de Ana Cristina estaban prosperando. Una se graduó de médica, y la otra de abogada. Mencionó que ha habido un cambio, que hoy en día se habla mucho más de la violencia contra las mujeres. Las mujeres, ella cree, están mucho más dispuestas a actuar y menos propensas a dejarse manejar. “la gente está rechazando la violencia” dijo. Una vez más, es hora de que el gobierno de Nicaragua siga su ejemplo.
La Dra. Mary Ellsberg es la directora ejecutiva y fundadora del Instituto Global de las Mujeres en la Universidad de George Washington. Tiene más de 30 años de experiencia en investigación internacional y programática en el campo de género y desarrollo. Antes de unirse a la universidad en agosto de 2012 la Dra. Ellsberg fue Vicepresidenta de Investigación y Programas en el International Center for Research on Women. La profunda conexión de la Dra. Ellsberg’s con los problemas de género globales surge no solo de su trabajo académico, sino también de haber vivido en Nicaragua por casi 20 años, participando en la lucha por los derechos de las mujeres. Fue miembro del equipo técnico de la del estudio multi-país de violencia doméstica y salud de las mujeres, y es autora de más de 60 libros y artículos acerca de la violencia contra las mujeres y las niñas. La Dra. Ellsberg es doctora en epidemiología y salud pública por la Universidad de Umea en Suecia y licenciada en estudios latinoamericanos por la Universidad de Yale.
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